Peronismo y derecho a huelga

Las frustradas represalias de Kicillof contra los docentes que adhirieron masivamente a
los paros organizados por la Multicolor, así como las recientes amenazas de Sergio
Massa (“dejense de joder con los paros”), forman parte de un repertorio antihuelgas al que
los gobiernos peronistas recurren mucho más frecuentemente que lo que generalmente
se cree.


Empecemos por señalar que la Constitución del ‘49 no incluía el derecho de huelga. Algo
que sí incluye la Constitución reformada en el ‘57 nada menos que por la muy
reaccionaria, antiobrera y asesina dictadura fusiladora de Aramburu y Rojas, y de la que
es heredera la actual Constitución pactada por Menem y Alfonsín.


Paradójicamente nacido de la huelga general ilegal del 17 de Octubre del ‘45, el
peronismo “permitió” el desarrollo de huelgas salariales entre el ‘46 y el ‘49, precisamente
el año de aquella reforma constitucional. Promotor del desarrollo de una burguesía
nacional, durante esos tres años el peronismo promovió el incremento de los salarios
como elemento regulador de la expansión de la economía capitalista por la vía del
crecimiento del mercado interno, y la actividad huelguística era funcional a tal expansión.
Pero el mercado interno ya se había saturado hacia 1949, y a partir de 1950 se
produjeron varios años de importantes sequías que provocaron déficits comerciales. O el
peronismo avanzaba hacia una economía planificada apoyada en el poder de los
trabajadores, o aplicaba un ajuste sobre “el costo laboral” que permitiera a la “burguesía
nacional” volcarse competitivamente hacia el mercado mundial. Por su carácter
nacionalista burgués el peronismo no podía más que avanzar en el segundo sentido.
Durante 1953, Perón congeló por dos años las paritarias, y sancionó la Ley 14250, que
establecía mecanismos para la negociación de los convenios colectivos, y que estableció
el derecho del estado a homologarlos para que pudieran adquirir fuerza de ley, y a arbitrar
en los conflictos, limitando el derecho de huelga con mecanismos como las conciliaciones
obligatorias. Había que cortar de raíz el fenómeno huelguístico, volcando el aparato del
estado contra una clase trabajadora que era, paradójicamente, en su inmensa mayoría,
peronista.


Así, la respuesta a la huelga de los trabajadores azucareros tucumanos en 1949 fue
ilegalizar la FOTIA, un sindicato “peronista antes que Perón”, como decían los propios
obreros: la FOTIA había sido uno de los primeros sindicatos en declarar la huelga por la
libertad de Perón en la semana que precedió al 17 de Octubre.


En 1950 y ‘51, los ferroviarios pasarían por encima de la dirección oficialista de la Unión
Ferroviaria y protagonizarían tres huelgas declaradas ilegales. Durante la de 1951, Perón,
por radio, anunció que “los que no se presenten a trabajar serán exonerados”, en un
anticipo del “ramal que para ramal que cierra” de Menem. Más de 2 mil trabajadores
fueron movilizados por el ejército, casi 400 fueron detenidos y unos 1000 fueron
procesados. En 1954, medidas similares se tomarían contra la ola de huelgas
metalúrgicas que, al margen de la dirección de la UOM, se desarrolló en Capital Federal y
el Gran Buenos Aires.

En 1973, el Pacto Social de Perón, Gelbard y la CGT impuso nuevamente el
congelamiento de las paritarias, pero ahora combinado con la prohibición de huelgas por
motivos salariales. Ese año se sancionó también la Ley de Prescindibilidad del empleado
público, que cercenaba el derecho a la estabilidad y preveía el despido sin sumario. Esa
ley, por ejemplo, fue aplicada a la Comisión Interna y los activistas antiburocráticos del
Banco Nación luego de la huelga de marzo de 1974. Incluidos, por supuesto, los
peronistas.


Como vemos, la campaña con amenazas, descuentos e injustificaciones contra los paros
convocados por la Multicolor por parte del gobierno de Kicillof y la dirección celeste del
Suteba, distan de ser una novedad. Y tampoco lo es, el justificado empecinamiento de las
y los trabajadores de la educación en enfrentar a los gobiernos ajustadores, sus
funcionarios, sus burócratas, y sus normas para acallarnos.

Luis Brunetto

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