En febrero comienza la paritaria entre el gobierno de Martín Llaryora y el gremio docente de la provincia de Córdoba (UEPC). El gobierno ya anticipó, mediante el presupuesto, un ajuste en Educación que afectará principalmente a los salarios. La burocracia Celeste, integrada al gobierno, no va más allá del reclamo por un bono y el blanqueo de ítems. La docencia deberá organizarse y salir a la lucha para recuperar sus ingresos.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, viene de destacar en la apertura de las sesiones legislativas que la provincia ha realizado en 2024 un ajuste aún más fuerte que el de Nación. En efecto, según las propias cuentas que expone, lo consiguió retrasando salarios, congelando jubilaciones y recortando el ritmo de la inversión pública.

Un dato que refleja con claridad la variable de ajuste que utiliza Llaryora es el de los fondos públicos destinados para Educación, los cuales sufrieron una reducción del 34% en 2024 respecto a 2023 y, dentro de estos recursos, los salarios representan una porción significativa. Sin ir más lejos, en un año el gobierno provincial le robó a la docencia dos sueldos completos, básicamente negándose a actualizar por inflación y aumentando escandalosamente las deducciones, lo que impactó también en las jubilaciones.

Ajuste salarial

Según datos que se desprenden de un informe realizado por el Observatorio del Salario (OTES – Uepc Capital) para 2025, el gobierno proyecta un incremento en términos reales del presupuesto educativo, lo que significa que se espera superar la inflación. No obstante, el Observatorio destaca que estas proyecciones aún no logran revertir los recortes previos, y el presupuesto de este año quedaría un 12% por debajo de los niveles de 2023, cuando el salario docente comenzó a sufrir una destrucción sistemática. De este modo, el gobierno “no parece tener intención de recomponer el poder adquisitivo de los salarios docentes ni de devolver al sistema educativo el nivel de recursos que tenía hace apenas dos años”.

Llaryora busca mantenerse en la misma línea de la última paritaria firmada en agosto del año pasado, con subas mensuales de acuerdo a la variación correspondiente al mes anterior del IPC de Córdoba. Sobre esto, el Observatorio señala que “este tipo de acuerdos le brinda estabilidad al salario pero también lo limita para crecer”, lo que arroja como resultado un salario docente que “se estanca en niveles bajos, 23% por debajo de agosto de 2023”.

Burocracia condescendiente

Para empezar a negociar en febrero, la conducción celeste de UEPC reclama un bono de 100 mil pesos que fue depositado en enero para los empleados públicos y los jubilados de la provincia, pero que no alcanzó a lxs docentes en actividad porque no formó parte del acuerdo que firmó la propia burocracia a espaldas de la docencia.

Este reclamo del bono de fin de año y la recomposición de emergencia fue planteado por la docencia y por UEPC Capital a fin del año pasado, no sólo para recuperar parte del salario perdido, sino además, para igualar las condiciones que se habían establecido con el resto de los estatales y jubilados. Sin embargo, Llaryora forzó esta discriminación para transformarla en moneda de cambio de la paritaria 2025, algo que la conducción de UEPC aceptó sin chistar.

Tienen que intervenir las escuelas

A la docencia cordobesa le bastó un año de gestión de Roberto Cristalli, para sacar la conclusión que tenemos una conducción alineada con el ajuste del gobierno provincial y enemiga de la profundización de cualquier lucha.

Previo al inicio del ciclo lectivo, el nuevo cuerpo de delegados de la delegación Capital, expresado por más de 1400 compañeros y compañeras, habrá discutido impulsar la lucha en 500 escuelas de la ciudad. Este es el planteo que los centenares de activistas y delegados/as de Tribuna Docente desarrollarán en toda la provincia. Tenemos que preparar, desde las escuelas, los institutos de formación, los jardines de infantes y la Universidad Provincial un plan de lucha progresivo. En un año electoral, una huelga educativa que gane a los sectores golpeados por el ajuste puede ser letal para la política de Llaryora. La docencia cordobesa necesita un salario que la saque de la pobreza y junto a la comunidad educativa, tienen altas posibilidades de llevar esta lucha a la victoria.