Un mecanismo endeble al servicio de la campaña electoral del MPN
El mínimo no imponible fijado por el gobierno nacional a través de la AFIP habrá aumentado a fin de este año un 46% respecto al que regía en enero. Una evolución porcentual de la mitad del índice inflacionario.
En Neuquén, este mecanismo confiscador del salario, implica que aún con salarios bajo la línea de pobreza para gran parte de las y los trabajadores de la educación, la actualización trimestral por IPC transformó ese logro en que cada mes más cantidad de trabajadoras/es ingresaban a tributar por tener doble turno, por cobrar adicionales en escuelas rurales o alejadas de centros urbanos o por tener mucha antigüedad en el cargo. Esto originó que los sindicatos estatales (ATEN, judiciales, legislativos, viales, profesionales de Salud, UPCN, etc.) presentaran proyectos similares en la Legislatura para excluir de la base de cálculo el 40% que se cobra por zona desfavorable.
El MPN que no logra que su candidato, Marcos Koopman (actual presidente de la Legislatura) despegue en las encuestas, montó una campaña a pura demagogia poniendo a su candidato como el adalid de un proyecto que, al decir del Secretario General de ATEN, Marcelo Guagliardo, haría que “desde diciembre el impuesto al salario será parte del pasado”.
Durante semanas el gobierno mantuvo en secreto su proyecto que solo compartió y consensuó con las dirigencias sindicales.
Finalmente el 30 de noviembre, la Legislatura mediante un recurso endeble y que puede resultar un “boomerang” salarial, en lugar de votar una ley específica, apeló a incluir tres artículos en la Ley de Presupuesto 2023.
Al salir de la Legislatura el propio Guagliardo, informó que se votó la “exclusión del 40% de nuestro salario del cálculo de ganancias”.
¿Esto implica una norma que elimina de la base de cálculo el 40% del concepto zona desfavorable como pretendían los sindicatos?. No.
El articulado votado pasa a considerar que “… el total de los conceptos remunerativos que perciben los agentes de la Administración Pública Provincial, convencionados y no convencionados, se compone en un 60% a sueldo y en un 40% al concepto dedicación funcional…”, y que esa dedicación funcional “…constituye el reintegro de los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas que se originan por el desempeño de la función”. Es decir, el 60% del salario ya no corresponden al sueldo en el sentido estricto de la palabra (contraprestación dineraria que se recibe por el trabajo bajo relación laboral), sino que es un “reintegro”, una “compensación” por determinados gastos.
La conducción de ATEN finge ignorar que esto no es la quita del 40% de zona desfavorable de la base imponible para el cálculo del impuesto al salario. Y también finge no recordar que esta misma conducción, en el plenario del 11 de diciembre del 2020, tuvo que reclamar por “el pago adeudado de la movilidad año 2020” (una compensación) de aquellas/os docentes que se trasladan a zonas alejadas a prestar sus tareas en localidades donde no existe el transporte público. Un reclamo histórico (para que lo paguen y actualicen su monto) de trabajadoras/es de la educación de Chañar, Añelo, zona norte, etc..
De modo que transformar de un plumazo el 40% del salario en una “compensación”, es un arma de doble filo para las y los trabajadores de la educación.
Y en época de crisis y el ajuste del pacto con el FMI, es más peligroso aún.
La burocracia sindical y el impuesto al salario
Este triunfalismo que trata de pasar por alto los “detalles”, se liga políticamente con la opinión que tiene la burocracia sindical respecto al impuesto al salario. En su discurso al salir de la Legislatura, el secretario general de ATEN, admitió que “… los que tenemos una convicción nacional y popular y somos solidarios, hasta aceptábamos que se hiciera un aporte para aquellos que no tenían trabajo o jubilaciones, para los pibes que no tenían acceso a la computadora, ….en un momento hasta lo vimos diciendo aceptémoslo porque hay otros que están peor, pero ahora si hizo inaceptable”.
Una verdadera confesión que revela que no tienen una oposición frontal al cobro del impuesto sobre los salarios, aunque digan que “el salario no es ganancia”. Comparten el relato K sobre que ese impuesto salarial está en función de generar trabajo o ¡¡pagar jubilaciones!!.
Por eso han abandonado completamente sus propios proyectos y proclamado como una victoria a la norma legal votada, que es un artilugio que regirá a partir del 1º de enero de 2023. Por supuesto la AFIP se hará la distraída en función del año electoral y los coqueteos del Frente de Todos local con el propio gobierno del MPN.
Haciendo pasar como la misma cosa la quita del 40% de zona desfavorable para la base de cálculo del impuesto (propuestas de ley de las dirigencias sindicales) por la “exclusión del 40% de nuestro salario de la base de cálculo”, la burocracia apuesta a que la mejora en el bolsillo tape la maniobra del gobierno.
Está claro que para muchas trabajadoras/es de la educación será un alivio en los bolsillos. Pero queda abierta la cuestión, del antecedente de considerar como un reintegro el 40% de las sumas remunerativas del salario docente.
Con un acuerdo salarial que culmina el 31 de marzo de 2023, y una convocatoria a elecciones para mayo/junio, habrá que ver como se procesa este artilugio legal en la mesa de negociación.
Ninguna negociación debería cerrarse durante el período vacacional, sin asambleas, cuando el colectivo no está en las escuelas.
El año no se ha cerrado aún, más que nunca se deben convocar a asambleas para analizar lo votado en Legislatura, sus consecuencias posibles a futuro y fijar un pliego de reclamos, uno de cuyos puntos centrales debe ser la actualización salarial por IPC mensualmente.
Norberto E. Calducci
