El salario de agosto puso en evidencia la miseria de la propuesta salarial del gobierno. El aumento prácticamente no se sintió en algunos casos. No solo por los descuentos abusivos que el gobierno aplicó sobre los salarios de pobreza, sino porque con el acuerdo firmado, el salario testigo de la maestra de grado quedó 315 mil pesos por debajo de la línea de pobreza. Ni siquiera el maestro con la antigüedad máxima alcanza a recuperar ese horizonte. Además, como confesión de que su política es de pobreza, en lugar de aumentar el salario ha extendido por resolución la carga laboral de docentes a 36 horas cátedra (antes eran 30). 

Pero la cuestión salarial es una parte de la motosierra que impone el gobierno sobre estatales y docentes. A la par, se desarrolla un fuerte ajustazo e impuestazo sobre la Caja de Jubilaciones y el Apross, la obra social de la provincia que pretende ser convertida además en una fuente de negociados. En el Apross vienen sucediéndose brutales aumentos en los descuentos (aporte, Fondo de Enfermedades Catastróficas, familiares cargo), como así también creación de nuevos descuentos, como es el caso del Fosaet. Tanto la situación de la Caja como el Apross tienden a agravarse. Milei cortó toda clase de transferencias del Anses a la Caja y se puede replicar en Córdoba, una nueva reforma jubilatoria reaccionaria como acaba de suceder en Santa Fe. Ambas cuestiones despertaron iniciativas de lucha de docentes, estatales y jubilados, que se generalizaran en la próxima etapa. A la última acción de la combativa UEPC Capital y ATE, se sumó la lista opositora de judiciales.

Delegados en todas las escuelas de la provincia para defender el salario y las condiciones laborales

Nuevas camadas de activistas se organizan con el poderoso cuerpo de delegados de la Capital cordobesa y en el interior, por condiciones dignas para enseñar y aprender; en defensa del salario, la jubilación y nuestra obra social; por el reintegro de los descuentos, contra el incremento de la jornada laboral y por la reapertura de las paritarias. En este escenario, las próximas elecciones de delegados escolares en la provincia nos presentan el desafío de barrer de las escuelas a la Celeste entreguista, correa de transmisión del ajuste provincial y nacional, con delegados escolares independientes de los gobiernos, que impulsen desde abajo la lucha por todas las reivindicaciones pendientes. 

La burocracia sindical en crisis tiene ilegalmente pospuesta la convocatoria a sabiendas de que pierde las escuelas de Capital y del interior. Uepc Capital ya lo denunció a través de una presentación 

El rol de los delegados en la organización de las escuelas es el reaseguro para fortalecer a Uepc Capital y avanzar en el interior donde existe un proceso de reagrupamiento muy importante que sienta las bases para recuperar las delegaciones, la Junta provincial y expulsar a la Celeste adicta al gobierno de Llaryora.

Impulsamos, en vísperas de esta tarea la reapertura de paritarias, a través de pronunciamientos y mandatos en las escuelas y lo haremos en común con el resto de los gremios estatales, ATE y UTS. A la vez, denunciamos y organizamos la lucha contra la ilegalidad de descuentos por paro y por revisiones de haberes que el gobierno hace indiscriminadamente y exigimos la inmediata devolución. En relación a nuestra obra social, tenemos un planteo integral con ATE y UTS contra los descuentos abusivos, ilegales y confiscatorios del Apross

Los tres sindicatos exigiremos que se eliminen los descuentos y movilizaremos en ese sentido.

Con la multitudinaria Marcha Federal Educativa del 2 de octubre, que en Córdoba contó con un alto acatamiento de la docencia al paro de Ctera y a la movilización masiva, quedó demostrado que hay condiciones para ir a fondo en la defensa. Vamos con estas tareas a movilizar a las escuelas para defender el salario, la obra social, las jubilaciones y las condiciones laborales. Vamos por un gran cuerpo de delegados en toda la provincia que eche a Llaryora de las escuelas y sea la dirección que prepare la lucha y la huelga para derrotar de ambos gobiernos.