Chubut: El ajuste de Torres, un ataque a la docencia que lucha

Resulta urgente una nueva convocatoria a un Congreso Extraordinario o a un Plenario Provincial de Delegados para realizar un balance y poder votar la continuidad del plan de lucha y defender la educación pública y los salarios docentes.

Las últimas reuniones paritarias son un ejemplo de la política de ajuste de Torres, una continuidad de Arcioni que empeora a medida que pasan los meses: alineado al programa de Milei y a la par de otros gobernadores, se profundiza la descarga de la crisis en las paritarias de miseria,  a los docentes y estatales de conjunto, a la vez que se atacan derechos conquistados como el régimen de licencia y las condiciones laborales.

El Congreso Extraordinario LXXIV de ATECh votó a principios de septiembre un plan de lucha progresivo, de tres semanas consecutivas, de forma muy ajustada en la votación, pero que sin embargo, se sacó adelante. Además, se actualizó el pliego de reclamos, que enumeró los múltiples ataques del gobierno nacional – como la pérdida del FONID y la connivencia de la CTERA Celeste- y provincial, hacia la educación y sus trabajadores. Lamentablemente, se esperó hasta septiembre para hacer una convocatoria al órgano de debate, por lo que durante el año ha habido paros aislados pero sin una orientación y su respectivo debate, que incluso garantizó la foto de inicio lectivo a Torres en su primer trimestre de mandato, algo que Arcioni no logró durante seis años consecutivos.

Las paritarias a la baja

Torres ofrece porcentajes irrisorio: 15% trimestrales, que terminan imponiéndose a través de decretazos, o con la venia de los sindicatos burocráticos. Este ajuste lo ejecutó desde que asumió, y peor aún, con la implementación del presentismo docente –camuflado bajo la mal llamada “Ley de profesionalidad docente” que no es más que un ataque extorsivo a nuestro régimen de licencias. Los salarios docentes en Chubut no llegan ni a cubrir la mitad de la canasta básica, es decir, se trabaja en condiciones paupérrimas, con sobre exigencias y con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. ¡Los salarios docentes deben superar la canasta básica e incrementarse al ritmo de la inflación!

Las últimas reuniones paritarias han empobrecido la oferta y prosiguen con la violación a la reglamentación paritaria: los porcentajes de miseria ofrecidos no son para el básico testigo, sino la pretensión de aumentar en 20 puntos, y en cuotas de agosto a diciembre, la antigüedad docente. Desde Tribuna Docente denunciamos esta maniobra de ajuste y exigimos que toda recomposición salarial debe ser al básico testigo y no a ítems aislados.

La criminalización de la protesta social

El aleccionamiento hacia la docencia que lucha no sólo es a través de los terribles descuentos por adherir a las medidas de fuerza –y sin devolución-, que han llegado a ser hasta de $120.000 en algunos casos (siendo que el salario neto no supera los $600.000). Torres también utiliza al aparato judicial para aleccionar, criminalizando la protesta social, y respondiendo así a la agenda de Bullrich. Los casos de Goodman (ex Sec. General) y Juárez (ex Sec. Regional y actual paritaria) funcionan como un antecedente de aleccionamiento: el gobierno, nuestra propia patronal, a través del aparato judicial, considera que reclamar por el pago de haberes y los incumplimientos del gobierno es sinónimo de delito. Actualmente se está llevando adelante el juicio contra Daniel Murphy (Sec. General) y Carlos Magno (Sec. Gremial) por las manifestaciones en 2019 en playa de tanques en Comodoro Rivadavia. La justicia no es independiente de los capitales, Torres la coloca al servicio de ellos. ¡No a la criminalización de la protesta social, luchar no es delito! Vamos por la absolución y desprocesamiento ya de todos los criminalizados por luchar!

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