El presente proyecto de declaración tiene como objeto repudiar y exigir justicia frente al aberrante femicidio y asesinato laboral de Nanci Estela Godoy, docente rural de 52 años, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 28 de octubre de 2026 tras 21 días de intensa búsqueda, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el 7 de octubre en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, provincia de Corrientes.

Nanci no solo era docente en la Escuela N° 626, ubicada dentro del establecimiento privado de la Estancia El Curupí. También cumplía funciones de todo tipo, como encargada, cocinera y ejercía como directora. Para llevar adelante su trabajo, debía transitar largos trayectos en condiciones extremas y de total aislamiento, sin señal de telefonía celular ni transporte oficial provisto por el Estado, y durante la semana (e incluso algunos fines de semana) debía quedarse en el establecimiento por encontrarse en una zona de difícil acceso. Su caso no es un hecho aislado, sino la trágica expresión de la desprotección a la que se enfrentan cotidianamente las y los docentes rurales en amplias regiones del país.

Semanas antes de su desaparición, el 28 de agosto, la propia Nanci había dejado constancia por expediente ante el Consejo Escolar de las paupérrimas condiciones en las que funcionaba el establecimiento: sin agua potable, con presencia de roedores, inodoros inhabilitados y carencia de elementos básicos. A pesar de haber tenido que limpiar y reacondicionar la escuela con sus propias manos junto a las familias del lugar para poder enseñar, el Estado provincial hizo oídos sordos a sus reclamos.

El caso de Nanci también se encuadra en lo que podemos llamar como asesinato laboral, ya que la patronal, es decir el Estado, es responsable de haberla dejado en condiciones de vulneración y aislamiento, en un contexto de dominación patronal dentro de un establecimiento privado que mantiene sus propias lógicas. De esta situación, sin lugar a dudas, son responsables los gobiernos provincial y nacional, y las autoridades educativas.

Es fundamental que se profundice la investigación sobre los hechos, las responsabilidades materiales y encubrimientos, para que este femicidio no quede en la impunidad. En cualquier escenario, con más de 21 días entre su desaparición y el hallazgo del cuerpo a 15km de la escuela donde daba clases, este nuevo femicidio y asesinato laboral supone una oscura red de encubrimiento y responsabilidades que implican al establecimiento privado, a los gobiernos, las autoridades educativas, la justicia y las fuerzas policiales.

El 29 de octubre, la docencia de todo el país paralizó sus actividades en una masiva jornada de paro nacional convocada por la CTERA y expresiones gremiales de todo el territorio nacional, exigiendo verdad, justicia y condiciones de seguridad e higiene laboral dignas. Asimismo, ese día se realizó un acto de la docencia combativa de SUTEBA La Matanza, Tigre y Ademys que llamó a continuar las medidas de lucha. Por todo lo expuesto, y con el firme compromiso de erradicar toda forma de violencia de género y proteger la vida de quienes sostienen la educación pública en los rincones más postergados, solicitamos a las señoras y señores Diputados la aprobación del presente proyecto de declaración.