El presente proyecto de resolución tiene como objetivo esclarecer una nueva ofensiva del Gobierno de la Ciudad contra la educación pública, específicamente contra los Bachilleratos Populares y las Unidades de Gestión Educativa Experimental (UGEE). Bajo la apariencia de un trámite administrativo de «actualización de documentación» , la Resolución N.º 1425/MEDGC/25 encubre un plan de ajuste, privatización de costos y precarización laboral extrema.

A través de denuncias públicas de comunidades educativas como la de la UGEE N° 6 – Bachillerato Popular 2 de Diciembre, hemos tomado conocimiento de que el Ministerio de Educación condiciona la continuidad de estas escuelas a la firma de convenios que descargan los gastos de funcionamiento de las instituciones sobre los y las docentes. Estos documentos pretenden que el Estado se desentienda de sus responsabilidades, obligando a los docentes a financiar de su propio bolsillo o mediante la autogestión de recursos el pago de servicios básicos como luz y agua, así como los seguros y el mantenimiento edilicio.

Este avance se da en un contexto de ataque sistemático a la educación de adultos. Los Bachilleratos Populares han garantizado durante más de 20 años el derecho a la educación de los sectores más postergados, trabajadores precarizados y mujeres jefas de hogar que el sistema tradicional expulsa.

La imposición de un convenio con fecha de vencimiento en diciembre de 2027 es una amenaza directa a la continuidad pedagógica. Esto significa que un estudiante que comienza hoy no tiene la certeza de poder terminar su secundaria en la misma institución. Es una política de vaciamiento que busca el cierre progresivo de estos espacios.

Sostenemos que el Estado es el único responsable de garantizar el presupuesto educativo, el mantenimiento de los edificios y las condiciones salariales y laborales de los docentes. No aceptamos que se transforme a los trabajadores de la educación en el sostén de la crisis educativa.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente pedido de informes para que el ejecutivo rinda cuentas sobre este intento de continuar con el ataque a la educación pública.