Hace más de una década que el Gobierno de la CABA y el Ministerio de Cultura incumplen la normativa vigente violentando el derecho a la estabilidad laboral de más de 100 docentes del Instituto Superior de Música “Astor Piazzola”, al negarles la posibilidad de titularizar sus cargos.

En dicho instituto más del 50% de la planta docente se mantiene hace años como interinos y sin poder acceder a ser titular. Esto pese a que el acceso a los cargos es por concurso, por lo que los docentes han pasado por una selección y un coloquio para acceder al cargo, y en la mayoría de los casos vienen desempeñando sus cargos desde hace años. De esta manera se mantiene una irregularidad de la cual es responsable el Gobierno de la Ciudad, que coloca a las/os docentes en una situación de inestabilidad laboral, afectando sus derechos laborales y la posibilidad de acceder a la carrera docente, es decir, al ingreso, la permanencia, el ascenso y la jubilación. A la vez, dicha irregularidad afecta a la vida institucional del Conservatorio, ya que se ve lesionada la posibilidad de postularse como autoridad a los docentes que no pueden acceder a la titularidad.

Además de la imposibilidad de titularizar sus cargos, una parte importante de la planta docente de la institución sufre una discriminación salarial, ya que cobran horas y cargos como si fueran de nivel medio pese a que la institución es de nivel superior, y a que en otras instituciones con las que comparte los mismos planes de estudio los docentes en idénticas condiciones reciben una asignación presupuestaria superior por la misma asignatura. Este hecho vulnera el principio de “igual remuneración por igual tarea”, establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

La negativa a titularizar y esta discriminación salarial se inscribe en una política de vaciamiento y recorte presupuestario del Conservatorio y del conjunto de los institutos superiores de enseñanza artística. El “Piazzola” se encuentra en una situación de emergencia edilicia, la cual se puede constatar en el “Informe 354/DGAC/2025” elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se describen las innumerables anomalías edilicias en la que se encuentra la institución y que ponen en peligro a la comunidad educativa.

No se puede seguir negando este derecho e incumpliendo la normativa vigente, por lo que solicitamos se apruebe este proyecto de ley.