En la última reunión de la comisión de media de Ademys, se discutió la propuesta, que venimos defendiendo, de que nuestro sindicato presente un recurso en la justicia contra la reforma secundaria aprende. Es que la reforma anula el estatuto (una ley) con una resolución ministerial: da de baja los cargos de todos los docentes secundarios de la Ciudad, para crear nuevos cargos que son asignados por un mecanismo anti estatutario basado en la cantidad de clase de horas en la escuela ignorando el puntaje. Este criterio sirve de base para un “orden de prelación” que tiene el único objetivo de dejar a miles de docentes afuera de sus cargos. Como el estatuto es una Ley, la resolución del Ministerio es inconstitucional, porque viola la prelación de normas, en la cual las leyes están sobre las resoluciones. 

Sabiendo esto, desde Tribuna Docente, junto a diversas agrupaciones y delegadxs de escuelas, propusimos que Ademys, como hizo en el caso de la huella digital, se presentara a la justicia planteando la ilegalidad de la reforma. Lo entendemos como un recurso más para impulsar la lucha y la organización en rechazo a secundaria aprende. No hacemos un fetiche del planteo, pero planteamos simplemente que así como nos presentamos con los reclamos frente al gobierno y a la legislatura, tenemos que ir a la justicia, y que el argumento de que la reforma es anti estatutaria pierde fuerza si no se presenta formalmente frente al poder del estado que podría declararla inconstitucional, que es el poder judicial. 

En la reunión de media del sindicato la respuesta de lista ex multicolor  fue realmente preocupante. Primero Lista de Maestres sostuvo literalmente que “el gobierno tiene la potestad jurídica de reformar el sistema educativo” y que por lo tanto, no había que realizar la presentación. Es un argumento que nos sorprende, porque el sistema educativo está encuadrado en leyes que el gobierno no debería poder violentar. Es peligrosísimo pensar que el gobierno puede violar con impunidad las leyes sólo con resoluciones del Ministerio: mañana podrían derogar por resolución la implementación de la ESI, o el derecho a las licencias  habría que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo. El argumento de la potestad legal del Ministerio para reformar el sistema educativo no es aceptable porque sería una concesión al estado.

Como el argumento de Lista de Maestres se tambaleaba, intervino la otra pata de la ex multicolor, la agrupación 9 de abril. Ellos sostuvieron, literalmente, que no tenía sentido la presentación porque “la justicia es burguesa”, y entonces, actuaría en favor del Ministerio. Es un despropósito. Si es por eso, el gobierno también es burgués y esto no impide discutir paritarias, el parlamento también es burgués y eso no impide llevar los reclamos a la legislatura de la Ciudad o al Congreso nacional. La defensa de los derechos laborales muchas veces tiene una expresión en la justicia, particularmente en el fuero laboral. Llevar allí los reclamos es absolutamente justo y es muchas veces una vía para obtener triunfos así sea parciales, como fallos de reinstalación, o medidas cautelares, etc.  

La reunión terminó sin resolución sobre el punto. Por nuestra parte, seguiremos avanzando en la organización de las escuelas y ponemos a disposición de la docencia los recursos que elaboramos con nuestrxs compañerxs abogadxs para impugnar la reforma, al mismo tiempo que planteamos que es un grave error de la (ex) multicolor de Ademys no levantar un planteo legal serio de oposición a secundaria aprende.