Entre gallos y medianoche la Legislatura de la CABA aprobó en horas de la madrugada del jueves 29 una reforma de la Ley 2681 de Matriculación de Escuelas Privadas, que incluye la creación de un registro Público de vacantes de las mismas y la creación de cargos en su pof de maestros de apoyo a la inclusión totalmente financiados por el estado. Por otro lado, se aprobó un beneficio económico por única vez a las escuelas especiales privadas de la Ciudad la suma de 35.000.000 de pesos a cada escuela.

Es notorio cómo esta “Política de Educación Inclusiva” se ordena sobre la base del puro beneficio a los sectores que lucran con la educación y la discapacidad mientras que para la educación pública sólo acontecieron recortes, como el que impuso la resolución 860 con el retiro de los equipos interdisciplinarios de las escuelas especiales; ajustes, como lo muestra la negativa a sacar a concurso los cargos de Auxiliar Pedagógico y Maestro de Enseñanzas Prácticas en la modalidad especial, los cierres de escuelas cursos, grados y secciones; y estafas, como lo es el arrebato del anexo de la Escuela Especial 18 del distrito 14, que estaba destinado a fortalecer un espacio de formación y salida laboral para jóvenes y adultos con discapacidad, para entregarlo a ONGs.

La reforma de la Ley 2681 venía a responder ante la negativa persistente de las instituciones privadas a otorgar vacante a niños y adolescentes con discapacidad en sus escuelas y de la denuncia, también persistente de las familias, contra esta política de exclusión y discriminación por parte de las mismas escuelas. Sin embargo, la legislatura de CABA y las patronales encontraron la veta justa para fingir una respuesta a las familias que terminara beneficiando nuevamente a quienes lucran con la educación y la discapacidad.

A cambio de la obligatoriedad de emitir una mera publicación de sus vacantes disponibles para el siguiente ciclo lectivo y no, la obligatoriedad de asignar vacantes a niñas, niños y adolescentes con discapacidad u otras barreras en el desarrollo, la Legislatura se compromete a la creación en su pof de cargos de Maestros de Apoyo a la Inclusión totalmente financiados por el estado, lo que estaría de más aclarar, festejan las patronales de la educación que además ya gozan desde hace un tiempo del trabajo gratuito de practicantes del Profesorado de Educación Especial (ISPEE) de CABA.

Con la misma demagogia, votaron todos los bloques también, exceptuando al bloque del FIT, el beneficio económico de $35.000.000 para cada escuela de educación especial privada.

Hay que recordar que esto sucede luego de un año de luchas por la Emergencia en Discapacidad que el Gobierno Nacional se niega a implementar de forma totalmente anticonstitucional y de años de luchas en las escuelas públicas para que se asignen recursos para la inclusión Educativa. El Gobierno de CABA busca no sólo salvarle las papas al Gobierno Nacional con este beneficio económico a las escuelas especiales privadas si no también, sacarlas de las calles de cara al 3 de diciembre, día que el Colectivo de Discapacidad se movilizará por la implementación inmediata de la Ley a partir de la cual estas escuelas privadas estaban también buscando un rédito económico dado que esta contiene el aumento del nomenclador de Prestaciones de Discapacidad y por lo tanto, de los montos que cobran por sus servicios.

Para terminar con esta política privatista, los recortes, el ajuste y las estafas a la educación especial pública y a la Inclusión Educativa este miércoles 3 de diciembre salimos a las calles junto al colectivo de discapacidad y nuestro sindicato Ademys, 16hs en Congreso.