El Ministerio de Educación de la Ciudad viene tomando una serie de medidas y reformas, como el “Plan Estratégico 2024-2027: Buenos Aires Aprende”, sin pasar por la Legislatura ni por ningún proceso de debate público ni participación de la comunidad educativa. El Ministerio actúa en total informalidad, avanzando en cambios sin una legislación que lo establezca, o mediante resoluciones ministeriales, es decir, actuando por decreto y facto sobre el sistema educativo, las condiciones laborales docentes y las condiciones de cursada de los estudiantes.
Esta reforma en el nivel medio está comenzando a aplicarse paralelamente al cierre de más de 150 cursos en escuelas secundarias como en el Colegio 4 D.E. 9 “Nicolás Avellaneda”, el Colegio 14 D.E. 2 “Juan José Paso” y en muchas otras escuelas de la Ciudad. El cierre de cursos está provocando, a su vez, el pase a disponibilidad de docentes titulares y el cese de aquellos con otra situación de revista. La resolución 2025-1753 dispone declarar en disponibilidad a una importante cantidad de docentes titulares.
Mientras el Ministerio de Educación avanza con los cierres de cursos, no se conocen las medidas que se están tomando para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las escuelas secundarias. Ante la crisis social que afecta al alumnado y sus posibilidades de estudio y de finalizar el secundario, la Ministra de Educación debe responder por qué se está reduciendo la oferta educativa de la Ciudad y cesando docentes, en lugar de desarrollar políticas activas para garantizar el derecho a la educación pública.
Simultáneamente, en los profesorados de la Ciudad se está desarrollando una situación similar, ya que los postítulos gratuitos que se brindan en los institutos de formación docente no están pudiendo inscribir estudiantes para la cohorte 2025 por falta de aprobación y permiso del Ministerio de Educación de la Ciudad. Los impedimentos y dilaciones mencionados por parte del Gobierno de la Ciudad ponen en riesgo el inicio de la cursada de cientos de estudiantes. Además, tiene como agravante que los únicos postítulos con inscripción abierta hasta la fecha son arancelados, favoreciendo la expulsión de la educación pública y la mercantilización de la formación docente, y pone en riesgo la continuidad laboral de los docentes encargados de su dictado. Esto vulnera el derecho a la formación docente continua, imprescindible para sostener la Educación Pública.
Entre los postítulos que no están pudiendo realizar inscripciones se encuentra el de “Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Sexual Integral”. Esta situación de precariedad de la única instancia de formación gratuita en Educación Sexual Integral (ESI) que se brinda en la Ciudad, ha generado preocupación en la comunidad educativa, especialmente en un contexto marcado por los comentarios del presidente Milei en el Foro de Davos contra el colectivo LGTBI+ y las mujeres; y en un marco en el Ministerio de Educación tomó una serie de medidas que afectan la posibilidad de dictar ESI, como la resolución a principios de año de bloquear el acceso a los contenidos virtuales sobre ESI en la página del gobierno de la Ciudad.
En el mismo sentido fueron las modificaciones realizadas por resolución ministerial al Reglamento Escolar, que despertaron una gran polémica y rechazo por parte de las comunidades educativas. Estas modificaciones imponían la prohibición de hablar sobre temáticas relacionadas con la ESI (sexualidad, género) tanto a estudiantes como a docentes, entre otras temáticas sociales que quedarían censuradas. Tras el rechazo generado por esta medida, se volvió a modificar el reglamento, pero la redacción resultó ambigua respecto al tratamiento de estas temáticas en clase; mientras que se mantiene una limitación al derecho a huelga y protesta de los docentes, estableciendo que se estará “bajo apercibimiento de ser pasibles de sanciones disciplinarias” quienes “desarrollen toda conducta, acción o actividad que implique la interrupción del servicio o la apertura regular del establecimiento”, como podría ser un paro o medida de fuerza gremial.
Es por todas estas medidas que afectan la educación, y ante los pedidos de las comunidades educativas solicitando respuestas al gobierno y al Ministerio de Educación, que pedimos que se apruebe este proyecto.