El Gobernador de Córdoba Martín Llaryora realiza un ajuste sin límites sobre estatales, docentes, sanidad, judiciales y municipales, mediante un ataque directo al salario del trabajador; con paritarias a la baja y el incremento abusivo de los descuentos jubilatorios y de Apross.
En el caso de la docencia, la situación es profundamente crítica. La paritaria 2025 resultó a la baja con un incremento del 27,6% frente a una inflación del 33,2%, quedando más de 5 puntos por debajo de la inflación en Córdoba. Esto medido con los índices truchos del INDEC y el IPC Córdoba, si tomamos la inflación real o el aumento de precios de los alimentos, la pérdida es mayor.
Otro mecanismo que utiliza Llaryora contra los ingresos de los trabajadores es la confiscación del salario, mediante el aumento de los descuentos de Apross y de las retenciones de la Caja de Jubilación. Por esta razón, los jubilados vieron frustrada la prometida mejora del 8% debido al incremento de aportes en diciembre.
Esta pérdida del poder adquisitivo ha forzado a los docentes al endeudamiento bajo una tasa de interés financiera del 55% (22% por encima de la general), consolidando un escenario de pobreza sistemática, donde el costo de vida es proporcionalmente más alto para quienes menos tienen. Para más, Bancor ha desconocido el carácter alimentario del salario y, en muchos casos, descontó hasta el 90% de los ingresos, dejando a cientos de trabajadores sin recursos para enfrentar los gastos del mes.
Todo esto sucede con el silencio cómplice de la dirección provincial de UEPC, encabezada por Roberto Cristalli, que defendió hasta el final la paritaria que firmó con Llaryora a espaldas de la docencia que la rechazó en toda la provincia.
Lo concreto es que tenemos un salario promedio de $963.000 ante una canasta de pobreza de $1.360.299. Por lo tanto, la docencia requiere de un aumento del 41% solo para alcanzar la línea de pobreza.
Frente a esto, con UEPC Capital largamos una campaña para recuperar nuestro salario, nuestra jubilación y para salir de la pobreza, impulsando el no inicio; con afiches y recorridas de escuelas, asambleas en los lugares de trabajo y agitación en las Jornadas de Formación Situada del 19 y 20 de febrero. Vamos a la preparación de un gran plenario de delegadas y delegados, que impulse la lucha por el salario y las jubilaciones, con la huelga y la movilización.
Las direcciones de las diferentes burocracias sindicales dilatan el llamado a un paro provincial, evitando mencionar a Llaryora como el brazo ejecutor de las políticas de Milei contra los trabajadores. Apuntan tibiamente sus reclamos contra Nación, desconociendo los acuerdos políticos que hay y la línea de continuidad que tiene este ajuste en la provincia, así como el apoyo del gobierno de Llaryora a la reforma laboral esclavista.
Al ajuste que ejecutan Llaryora y Milei contra los trabajadores, tenemos que enfrentarlo con un paro provincial de estatales y un plan de lucha hasta derrotarlo.