La serie de asesinatos de trabajadores en Rosario representan un salto en calidad en la crisis
narco en Santa Fe. Las imágenes “a lo Bukele” que difundieron desde el gobierno de Pullaro y
que contó con el apoyo fervoroso de Bullrich y Milei, desencadenaron una espiral de violencia
que agravó una situación que golpea fuertemente a la docencia, luego de que el año pasado se
produjeran muchas balaceras en los frentes de las escuelas.
Los gobiernos responden con recetas que ya fracasaron, porque suponen un reforzamiento de
las mismas fuerzas de represivas que actúan en connivencia con las bandas. Por caso, el
Ministerio de Educación de Santa Fe designó para atender situaciones como “balaceras,
amenazas y vandalismo” en las escuelas a un ex Jefe de la Policía de Investigación, Daniel
Corbellini, acusado por recibir coimas para evitar que se investigue una red de juego
clandestino, que es uno de los canales predilectos del lavado del dinero negro. Esta red tuvo
gran trascendencia en la provincia, ya que no solo involucraba policías, sino también a bandas
narco que asesinaban por encargo, a dos Fiscales generales de Rosario y al Senador del PJ San
Lorenzo, Armando Traferri.
El entrelazamiento creciente entre las instituciones estatales, económicas y particularmente
financieras con el narcotráfico, es un reclamo de larga data, ante los gobiernos que se
suceden. O sea el crecimiento del narco-Estado, como lo hemos denunciado sistemáticamente
desde el Partido Obrero.
Mientras Pullaro-Bullrich-Milei plantean reintroducir a las FF.AA. en la represión interna,
desatar “razzias” en los barrios populares y cercenar libertades democráticas y garantías
constitucionales, en la línea del régimen de excepción que quieren imponer con ellos a la
cabeza, ni se les ocurrió interrumpir la libertad del circuito narco alrededor del complejo
agroexportador con base en los puertos privatizados, por donde se exportan los
estupefacientes de a toneladas, porque allí están los dólares del FMI, de la deuda y del capital
financiero.
Hay plena libertad para el tráfico de estupefacientes en fronteras, rutas, ríos y cielos, por
donde llegan a Rosario desde el extranjero, gracias a la complicidad de Gendarmería,
Prefectura y la Fuerza Aérea del Ejército. Para el lavado de cifras multimillonarias de dinero
negro en la especulación inmobiliaria, en las financieras, casinos, bancos y acciones de Bolsa.
Organizar el paro regional y poner en pie un Congreso de Trabajadores
Amsafé Rosario convocó una reunión para organizar el paro regional, a la que se sumaron CTA-
A Rosario, Sindicato de Aceiteros Rosario, ATE Rosario, Siprus (profesionales de la salud),
SADOP, COAD (docentes universitarios); Polo Obrero/PO, Cuba-MTR, MTR Histórico, FOL;
secundarixs del PCR; MST, PTS. El debate rondó sobre cómo sumar a nuevos sectores y
también sobre la orientación que deben adoptar las organizaciones de trabajadores. Un sector
planteó presionar al gobierno conformando un Consejo de Crisis, otros demorar la
convocatoria en pos de la “más amplia unidad” y otros sectores colocamos el eje en que los trabajadores tomemos la iniciativa con nuestros propios métodos y nuestros reclamos verdaderos, lanzando rápidamente una gran movilización contra la motosierra de Milei y Pullaro, en rechazo de la militarización de Bullrich y por un Congreso de Trabajadores que nos permita construir un programa alternativo.
En relación a la protección de la docencia y de la educación pública, desde Tribuna Docente
venimos levantando numerosos reclamos, que chocan de frente con el ajuste del gobierno
provincial y nacional: traslado gratuito a cargo del Estado en las escuelas ubicadas en zonas
peligrosas, que las denuncias de la docencia sean anónimas para resguardar su seguridad,
desarrollos urbanos para construir corredores seguros en torno a las escuelas, aumento de
presupuesto para comedores escolares, pago por zona desfavorable.
A contramano de estas necesidades para fortalecer a la escuela, el gobierno de Pullaro explota
la crisis para seguir pateando la paritaria docente. Todavía adeuda el pago de una cuota de la
paritaria 2023 y sostiene su oferta del 7% para el 2024, con la promesa de volver a sentarse a
discutir en mayo, cuando el cargo testigo está en $350.000 mil pesos y la canasta básica
familiar es exactamente el doble. Contribuye a estas maniobras la orientación de la AMSAFE
Provincial y al CTERA, que, en lugar de organizar un plan de lucha de la docencia, viene
ganando tiempo sin citar a la asamblea provincial ni a instancias departamentales para discutir
un programa de defensa del salario y de las condiciones de trabajo, indisoluble de la cuestión
del narcotráfico.
Desde Tribuna Docente impulsamos el reclamo del paro regional y la oportunidad de convocar
a un Congreso de Trabajadores con representantes mandatados, para debatir el pliego de
medidas que exigimos y que estamos dispuestos a arrancar con la lucha, entre ellos la
inmediata nacionalización de los puertos, la apertura de libros de la empresas importadoras y
exportadoras y de los bancos al control de los trabajadores, así como la exigencia del
desmantelamiento de la narcopolicía y el reforzamiento presupuestario de la educación, la
salud y la cultura, en defensa de la juventud y de la familia trabajadora.
