No es nuevo al  iniciar un artículo  vinculado a la Educación Sexual Integral, recordar que el 23 de octubre del año 2006, se promulgó la Ley 26.150 que crea el Programa Nacional de ESI. Lo que sí es nuevo, es tener que detenernos y recuperar el sentido y recorrido que ésta tiene. La ley establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todas las jurisdicciones, y que además la ESI articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos; definiendo una conceptualización ampliada sobre la sexualidad.

En este 2026, cuando debiéramos encontrarnos discutiendo la implementación real en todas las escuelas de manera sistemática de una ley que vino a revisar prácticas, deconstruir perspectivas instaladas, de manera inclusiva, integral y liberadora, nos encontramos al interior de nuestro sistema  educativo -en las diferentes jurisdicciones, niveles y modalidades- con  la incorporación de políticas educativas antagónicas, que atacan todo lo que se ha generado desde las escuelas respecto de la prevención y el abordaje de situaciones de violencia de las que son víctimas lxs niñxs y adolescentes.

El ataque del gobierno a las diversidades pensadas en términos de interseccionalidad (clase, identidad de género, orientación sexual, capacidad, etnia) ha sido constante. Estas prácticas/discursos antiderechos se vienen sosteniendo desde hace un tiempo, en instancias de debate internacional como el Foro Económico Mundial en Davos de 2025, hace pocos meses el ataque a un niño con TDA en redes sociales, fue otra de las incontables acciones de violencia explícita.

El vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, la baja de edad de punibilidad, la represión a jubiladxs, el vaciamiento de programas sexo reproductivos, son muestras de prácticas inhibitorias de derechos. El estado, que en “teoría” debería velar por el presente y  futuro de infancias y adolescencias como  garante de sus derechos, ha abandonado su obligación ante la complicidad de diferentes sectores. 

¿Cómo asumimos en las escuelas la resistencia en defensa de los derechos de estudiantes y los de sus trabajadorxs?

Las comunidades escolares debieran ser  ambientes libres de violencias de cualquier tipo por razones de género o identidad sexual, capacidad, y trabajar para el fortalecimiento del trabajo de sensibilización para la inclusión, la promoción y defensa de esos derechos.

     Hay  evidentes ejemplos de las crueles intenciones del  gobierno de Milei. Al habilitar en la propuesta de reforma educativa la incorporación de la educación confesional, dejar a criterio de las familias  el modo de educar a sus hijxs,  exigir la consulta previa a familias para trabajar temáticas vinculadas a la ESI, ponen de relieve  las intenciones políticas ensañadas en eliminar derechos adquiridos.

Recientemente, mediante DN N° 436/2025 este gobierno eliminó la obligatoriedad de las jornadas “Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”. El ataque a la ESI, manifiesta el odio de este gobierno a las luchas por los derechos. 

Este avasallamiento, sistemático por parte del gobierno, ha permitido permear prácticas hostiles, racistas y fascistas que se han profundizado en nuestra sociedad.  

La resistencia a estas prácticas antiderechos y para evitar que estos ataques feroces por parte del poder político avancen, es necesariamente colectiva,  es urgente además que las aulas sean espacios seguros, para sostenernos, por lo que es imperioso profundizar acciones en torno a  defender la ESI con perspectiva de clase,  para pensar y problematizar el rol de la escuela que queremos y necesitamos para resistir y reconstruir  el tejido social desde nuestras instituciones, por ello es crucial avanzar en la articulación de estrategias y acciones concretas que reivindiquen la ESI como un derecho fundamental.