Desprocesamiento, libertad a los detenidos, abajo las condenas; son consignas que recorren todo el país.

Basta de criminalizar la protesta social

Gobiernos de todos los colores políticos  “atienden” los reclamos con el código penal, la cárcel y la represión. Como vimos en las detenciones en Mendoza de los compañeros del Polo Obrero Martin Rodríguez y Lorena Torres, en Chubut  con  ex-secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) Santiago Goodman, condenado a 3 años de prisión, en Neuquén con centenares de procesados por acompañar la lucha de los elefantes blancos (la salud), en Santa Cruz con el eleve a Juicio oral la causa contra los docentes por movilizarse en 2017, con los procesamientos a luchadores ambientales en Chubut y Catamarca, contra los pueblos originarios, en la condena a César Arakaki y Daniel Ruiz por enfrentar la reforma jubilatoria macrista, en las detenciones arbitrarias de Morales en Jujuy, o en el decreto antipiquetes del gobernador Saenz de Salta.  

Estos ataques apuntan a condicionar las futuras movilizaciones populares y es un retroceso para las libertades democráticas en todo el país, es un enorme contraste con la impunidad de la que gozan los responsables de crímenes contra el pueblo, como se ve en las bandas narcos que tienen bajo el terror a toda la provincia de Santa Fé. 

De norte a sur, de este a oeste los políticos capitalistas pretenden pasar el ajuste criminalizando la protesta social. 

Este 24 de marzo en la movilización independiente de Memoria, Verdad y Justicia, uno de los ejes centrales será la libertad, desprocesamiento, absolución y anulación de las condenas de los luchadores. 

Luego de conseguir la libertad de Lorena Torres y Martín Rodriguez en Mendoza, ponemos foco en la apelación de la condena a Cesar Arakaki y Daniel Ruiz

El 31 de marzo preparamos una gran audiencia por la absolución en la Cámara de Diputados, preparatoria de la audiencia del 13 de abril, donde se revisaran las condenas. 

Redoblemos la movilización independiente contra la criminalización de la protesta social. 

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