El presente proyecto de ley tiene por objeto dar una respuesta definitiva al reclamo unánime de las comunidades educativas de la Ciudad de Buenos Aires, disponiendo la anulación de las Resoluciones N.° 2339/MEDGC/24 y N.° 223/MEDGC/26, y derogando de forma integral la reforma «Secundaria Aprende» y su Régimen Académico.

Razones Pedagógicas de la Derogación.

Desde el punto de vista pedagógico, la reforma «Secundaria Aprende» constituye un profundo vaciamiento académico y una improvisación que atenta contra la escuela pública. Sus cimientos se asientan sobre el fracaso de reformas previas impulsadas por el Gobierno, como la Nueva Escuela Secundaria (NES) y la Secundaria del Futuro, caracterizadas por recortar orientaciones y reducir drásticamente los contenidos de disciplinas fundamentales. La actual propuesta profundiza este vaciamiento al reemplazar las materias específicas por «áreas de conocimiento». Esto implica eliminar asignaturas como Historia, Geografía, Física, Química y Biología para unificarlas bajo áreas generales como Ciencias Sociales, Ciencias Exactas o Comunicación. Con ello, se avanza en una degradación total de la formación estudiantil en todas aquellas áreas que el Ministerio no clasifica arbitrariamente como «conocimientos fundacionales».

A su vez, la reforma introduce una falaz noción de «autonomía estudiantil». Bajo este esquema, se busca que el estudiante «elija» individualmente y “flexibilizar” la cursada en la que no queda claro cómo se acreditan las materias ni de qué manera se pasa de año o «nivel», disolviendo el rol del docente en el aula y el seguimiento pedagógico pormenorizado. Esto destruye la clase como una instancia de construcción y aprendizaje colectivo, resultando en una drástica reducción de los contenidos esenciales que la escuela secundaria debe transmitir.

Esto conlleva una pérdida de contenidos de las materias y del pensamiento crítico y la capacidad de relacionar los temas vistos en clase: los laboratorios buscan dar los contenidos ya armados y relacionados en actividades diseñadas, afectando la posibilidad de los estudiantes a reflexionar, debatir y desarrollar el pensamiento crítico. Esto va de la mano de la pretensión de la reforma de convertir a los docentes en meros “facilitadores” de actividades ya prefiguradas y armadas por plataformas y desde el Ministerio de Educación.

Es lo que ocurre con la promoción desde el Ministerio de Educación y que es uno de los ejes nodales de la reforma de la enseñanza e implementación de la “socioemocionabilidad”, que promueve que los alumnos “controlen” sus emociones, sin tener en cuenta a los niños, niñas y adolescentes en situaciones vulnerables, y que hay situaciones en las que la escuela debe de poder contener y actuar ante estas situaciones, para lo que es necesario tener los recursos y el personal necesario. Mientras se vacía y no se destinan recursos para la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) ni para incrementar el personal profesional de los Departamentos de Orientación Escolar (DOE), la reforma busca imponer la educación “socioemocional” pese a los cuestionamientos tanto desde centros de estudiantes como de docentes y comunidades educativas.

Asimismo, la pretensión gubernamental de implementar un «Proyecto Curricular Institucional» (PCI) diferenciado según las supuestas «necesidades y posibilidades de cada escuela» no es más que una vía para descentralizar aún más el sistema y profundizar las desigualdades entre las escuelas ricas y aquellas de los sectores más vulnerables que se verán obligadas a «arreglarse como puedan» en edificios gravemente deteriorados por la subejecución del presupuesto de infraestructura.

– Problemáticas edilicias y de infraestructura: la reforma busca desarrollar una transformación curricular sin contar en las escuelas con los espacios necesarios para poder aplicarlo y no hay ningún incremento presupuestario ni partida especial para destinar los recursos necesarios para posibilitar su implementación. En escuelas con vidrios rotos, falta de calefacción y ratas, en vez de destinar recursos y solucionar las problemáticas edilicias y de infraestructura se sigue sin dar ninguna solución, y se mantienen sin realizarse las promesas de obras y refacciones a escuelas que ingresaron como “pioneras” o “piloto”.

– ⁠ Razones Laborales: Despidos Masivos y Precarización. En el plano laboral, la reforma actúa como una verdadera «motosierra» sobre los puestos de trabajo docente. En cada escuela donde se implementó la prueba piloto, decenas de educadores perdieron sus cargos debido a la reestructuración y concentración horaria, sumado al cierre y eliminación directa de cursos que está llevando adelante el Gobierno de la Ciudad. Los docentes titulares han sido colocados en situaciones de disponibilidad y corren el riesgo de perder definitivamente sus horas. Quienes continúan en el sistema enfrentan ritmos de trabajo insoportables y una sobrecarga brutal, puesto que las horas «extraclase» son utilizadas para forzar tareas de tutorías no pagas (PAT), clases de apoyo o coordinaciones que antes contaban con recursos presupuestarios específicos y ahora fueron completamente absorbidas y eliminadas por los nuevos cargos.

Una reforma inconsulta y la Lucha de la Comunidad Educativa para derrotarla. Tal como hemos denunciado oportunamente desde la banca del Frente de Izquierda, a través del proyecto presentado para interpelar a la Ministra de Educación María de las Mercedes Miguel, el denominado «Plan Estratégico Buenos Aires Aprende» jamás pasó por la Legislatura de la Ciudad. Se ha implementado por la vía de resoluciones ministeriales inconsultas, gobernando de facto sobre las condiciones laborales y de cursada. En paralelo, el oficialismo ha pretendido blindar esta reforma apelando a la censura, limitando la organización estudiantil y la información y posibilidad de debate de la comunidad educativa sobre la reforma.

Sin embargo, las comunidades educativas de forma unánime y organizada están rechazando este atropello docentes, familias y sindicatos combativos como Ademys han coordinado una fuerte oposición en los colegios. A este proceso se ha sumado con enorme fuerza la emergencia de un movimiento estudiantil en lucha desarrollándose tomas de colegios en el Yrurtia, el Lola Mora y la Nini Marshall. Esta extendida resistencia comunitaria ha hecho recalcular los plazos del propio Gobierno, siendo una gran cantidad de colegios que rechazaron su implementación, y demostrando que la comunidad no está dispuesta a tolerar el desguace de su escuela pública.

La educación pública no puede ser el laboratorio de políticas de ajuste que degradan la enseñanza y liquidan el trabajo docente. En defensa de la escuela secundaria, de la estabilidad laboral de todos los docentes y en respuesta al pedido de las comunidades educativas es que solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.