El reciente acuerdo salarial que el gobierno puso sobre la mesa, y que la conducción del TEP-Celeste (baradelismo) corrió apresurado a aprobar para garantizar al MPN una campaña libre de todo reclamo, no puede ocultar que gran parte de las y los trabajadores de la educación seguimos bajo la línea de pobreza.
La suma fija, no remunerativa, no bonificable, cuya última cuota se cobró el viernes 17 de marzo, desapareció ante un índice inflacionario de febrero del 6,9% en Neuquén, con un mes de marzo que pinta para peor. Tanto es así, que la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia dejó de informar el acumulado de los últimos doce meses: publicarlo los incrimina, porque el ritmo inflacionario de los últimos 12 meses supera el 107% a febrero del 2023.
Pero el índice general del IPC, oculta que lo rubros que consumen el grueso de las familias bajo la línea de pobreza, aún las asalariadas, como educación (el costo de comenzar el ciclo lectivo) se ubicó en 9,3%, la alimentación en 8,7% y el transporte en 7,6% (aumento del boleto el 17,9% y los combustibles).
Y un dato que no se pudo disimular: en febrero se registró “un importante aumento en los precios de la carne” (18,4%), un producto que aporta proteínas tan necesarias para el desarrollo de la niñez.
Es decir, una inflación muy superior al nivel general para los pobres de Neuquén, entre los que se incluye gran parte de las y los trabajadores de la educación.
La infraestructura escolar
Un gran porcentaje de escuelas no pudo iniciar las clases el 2 de marzo (se postergó dado que el 1º de marzo se iniciaban las audiencias de la causa Fuentealba II y hubo un paro total), por no reunir las mínimas condiciones o por estar demoradas las obras de refacción y acondicionamiento.
En el Nivel Inicial, los pocos jardines a inaugurar no tenían personal designado.
Los balbuceos del ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, que durante todo el año pasado recorrió las escuelas con problemas de infraestructura para prometer que durante el receso de verano se harían las obras, no alcanzaron para tapar una realidad calamitosa.
Aunque la dirección provincial de ATEN, para desmentir las denuncias que hicimos desde las seccionales opositoras, salió en la voz del secretario general Marcelo Guagliardo, a afirmar que “el 90% de las escuelas está en condiciones de iniciar las clases”, y colocó el problema en el retraso de las empresas contratistas y Camuzzi o en problema administrativos, durante las dos primeras semanas se reiteró la escena de comunidades movilizadas, con asambleas, y hasta traslados al propio Consejo Provincial de Educación a exigir las respuestas de cada caso.
El gobierno ha corrido detrás de cada reclamo, con falsas promesas, tratando de ocultarlos. A la par ha lanzado desde las autoridades educativas una campaña de amedrentamiento y presión sobre los equipos directivos para que las clases arranquen, no importa en qué condiciones. A pesar de ello, decenas y decenas de escuelas no pudieron hacerlo.
En las últimas horas se conoció que en una escuela técnica de San Martín de los Andes, se desprendió una placa del cielorraso, impactando en la nuca de un estudiante y causándole heridas. La madre se expresó en los medios en forma muy elocuente: “”Nos quedamos con el sabor amargo e intranquilos porque un lugar que debería ser seguro no lo es, me pregunto si hay que esperar que pase una tragedia para que le den importancia y seguridad a los establecimientos educativos” (LMN 18/3/2023).
Ante esta realidad, no hay relato que se sostenga.
La oposición debe organizar un Encuentro de trabajadoras/es de la educación para preparar las condiciones de un plan de lucha.
