A 100 días de gobierno, la promesa de Milei de que el ajuste lo iba a soportar la “casta”, se convirtió en todo lo contrario. El sector de la docencia que votó a Milei, cansado del fracaso de cuarenta años de gobiernos de las fuerzas políticas tradicionales, empieza a defraudarse aceleradamente.
El salario promedio de los trabajadores formalizados (en blanco) está por debajo de la línea de pobreza, que hoy alcanza los $700 mil, y más del 60% de la población argentina es pobre. La inflación imparable disuelve los ingresos de los sectores populares (licuadora) y los recortes presupuestarios congelan los servicios sociales que debe brindar el estado (motosierra). El hambre, en las barriadas, aumenta, por el vaciamiento de alimentos en los 44 mil comedores populares que existen en el país. La carestía subió un 71.3 %, los salarios cayeron un 13% y las jubilaciones un 40%. El consumo popular se desplomó. Y ahora, además de los despidos masivos en el empleo público y en la actividad privada, todavía faltan –después de los tarifazos en el transporte- el aumento del gas y de la electricidad.
Mientras, la “casta”, es decir, los empresarios y el FMI, la siguen “levantando en pala”.
La escuela sin un peso, Milei y empresarios privados de la educación reciben ahora subsidios vía voucher
El gobierno nacional eliminó el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y una serie de otras partidas nacionales que financian la educación. El FONID significa el 14% del gasto educativo nacional. Ese monto se trasladó por completo a los dueños de las escuelas privadas, mediante un subsidio para que las familias puedan completar el pago de sus cuotas a los colegios privados. Se trata de un monto mensual superior a los $54 mil millones de pesos, a escuelas que ya reciben subsidios que cubren todos los salarios de sus trabajadores entre el 75 y el 100 por ciento por parte del estado.
A eso debe agregarse el fin de la obra pública, lo que paraliza la construcción y los arreglos en la escuela pública. El gobierno nacional ofreció por decreto un salario inicial docente de $315 mil –por debajo de la línea de indigencia-. En la Argentina de hoy se cobran salarios docentes de $250 mil en numerosas provincias, y toda la docencia está por debajo de la línea de pobreza.
Los gobernadores, por su lado, tienen su propia motosierra, establecen paritarias a la baja y desfinancian las jubilaciones y las obras sociales de la docencia. El desfinanciamiento enorme del IOMA de la Buenos Aires de Axel Kicillof es el ejemplo más notable de un ajuste que se complementa con el brutal recorte de Milei. Los comedores escolares son una vergüenza o directamente no existen.
Las y los alumnos y la docencia en la pobreza, y los edificios destruidos.
Ctera y la CGT dejan pasar el ajustazo
Frente al ajuste más profundo desde la dictadura militar genocida, la Ctera y los gremios nacionales de la CGT, junto a la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), han permitido este atropello. Han convocado a paros aislados de 24 horas y divididos, dando muestra de que no quieren desenvolver un plan de lucha en serio, para derrotar a Milei.
El 21 de marzo pasado, el plenario nacional de la CTA-T, en el que Hugo Yasky, su secretario general, aseguró que “el gobierno de Milei está generando una democracia de doble intensidad: para los ricos hay democracia plena y pueden hacer lo que quieran, para nosotros, los que peleamos por una sociedad más justa, hay persecución y estigmatización”, no resolvió ni una sola medida de acción.
Las y los docentes luchan
En ATEN-Neuquén, 5.200 asambleístas sobre 5.600, impulsados por las seccionales multicolores neuquinas, votaron la cuarta semana de 72 horas de paro, con permanencia en Casa de Gobierno y nuevas asambleas que continúen las medidas, hasta derrotar al gobernador Rolando Figueroa, que por decreto impuso un bono que deja el salario por debajo de la pobreza y cerró unilateralmente las paritarias. Planteó que los que hicieran paro no lo cobrarían, y la docencia neuquina le respondió con una movilización histórica de 12 mil personas, que dejó vacías las escuelas.
En Córdoba, impulsadas por la recuperada UEPC-Capital Desde las escuelas, en las asambleas distritales, el grueso rechazó la propuesta de la dirección Celeste de aceptar la paritaria a la baja del gobernador Martín Llaryora. Ocho delegaciones –las más numerosas- rechazaron y llamaron a continuar las medidas. La aceptación pasó por el fraude en 14 departamentos del interior, y la no realización de asambleas en otros 4 distritos, que fueron directamente computados a favor de la directiva cterista de UEPC provincial.
En Misiones hubo paros de 24 y/o 48 horas, de gremios opositores a la dirección de Ctera, y próximas asambleas definirán la continuidad de las acciones.
En Tucumán, movilizaciones autoconvocadas de miles de docentes rechazaron los salarios de pobreza y el ajuste del gobernador del PJ Osvaldo Jaldo, el mejor alumno de Milei, y se movilizaron a la sede del sindicato ATEP-Ctera, para exigir la renuncia del secretario general, por la entrega y paralización del gremio celeste.
En Santa Fe, impuesto por la base y por la acción contundente de la seccional combativa Amsafé-Rosario, comenzó la tercera y cuarta semana de paros de 48 horas, enfrentando el ajustazo del gobernador Maximiliano Pullaro, que además quiere imponer un presentismo esclavista como el que existe en Mendoza.
A la Ctera y a las centrales sindicales les reclamamos asambleas y plenarios de delegados con mandato para organizar un plan de lucha con paros progresivos hasta derrotar a Milei, y a la motosierra de los gobernadores, que rodeen de solidaridad a las luchas en curso, y permitan derrotar el ajuste anti-educativo en curso en todo el país.
No a la educación como “servicio esencial”
La declaración de la educación como servicio esencial no tiene nada que ver con fortalecer la escuela pública. Su único objetivo es eliminar el derecho de huelga y de protesta de las y los docentes que, justamente, con su lucha la vienen defendiendo de los gobiernos ajustadores de toda la vida.
La declaración de la esencialidad en educación sin embargo es inconstitucional y contraria a las normas establecidas por el organismo de las Naciones Unidas sobre el Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No es la primera vez que presidentes y argentinos han pretendido imponerla: lo intentó Bullrich en el 2001, como ministra de De la Rúa, y Macri en el 2017, y la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. En Neuquén, el gobierno de Sobisch lo decretó en 2007, cuando fue asesinado Carlos Fuentealba, y la OIT falló en su contra. Ahora otro desfinanciador serial de la educación, el ex ministro macrista de educación Alejandro Finocchiaro, convertido en presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en una negociación con Milei, vuelve con el mismo propósito.
Están todos flojos de papeles y son repudiados por la docencia. Vamos a fondo contra este atropello de los derechos sindicales de los trabajadores de la educación.
Son Milei y los ajustadores provinciales, o la educación pública. Organicemos un verdadero plan de lucha para defender la escuela de nuestros hijos y los derechos de la docencia argentina.